California está aconsejando a los proveedores de atención médica que no pongan el estatus migratorio de los pacientes en las facturas y los registros médicos, y enfatiza que no tienen que ayudar a los agentes federales durante arrestos. Algunos hospitales y clínicas de Massachusetts están colgando carteles sobre derechos de privacidad en las salas de emergencia y de espera, en español y en otros idiomas.

Mientras tanto, Florida y Texas están exigiendo a las instalaciones de atención médica que pregunten el estatus migratorio de los pacientes y calculen el costo para los contribuyentes de brindar atención a inmigrantes que viven en Estados Unidos sin papeles.

Donald Trump regresó a la Casa Blanca declarando una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, suspendiendo las admisiones de refugiados; y cuestionando la ciudadanía por derecho de nacimiento: la política de otorgar la ciudadanía a toda persona nacida en el país.

Mientras inicia la “operación de deportación más grande” en la historia de la nación, estados han emitido pautas marcadamente diferentes a los hospitales, clínicas comunitarias y otros centros de salud, sobre cómo actuar con pacientes inmigrantes.

Trump también ha anulado una política de larga data de no arrestar a personas indocumentadas en o cerca de lugares sensibles, incluidas escuelas, iglesias y hospitales. Una propuesta para formalizar estas protecciones fracasó en el Congreso en 2023.

Pero, independientemente de las directrices que emitan los estados, todos los hospitales del país afirman que no rechazarán a los pacientes por su estatus migratorio.

“Nada de esto cambia la atención que reciben los pacientes”, dijo Carrie Williams, vocera de la Texas Hospital Association, que representa a los hospitales y sistemas de atención médica del estado. “No queremos que la gente evite la atención y empeore porque les preocupan las cuestiones de inmigración”.

Durante el primer mandato de Trump, agentes de inmigración arrestaron a personas que recibían atención de emergencia en hospitales y a un niño durante un traslado en ambulancia. En Texas, arrestaron a una mujer que esperaba una cirugía cerebral en un hospital de Fort Worth. En Portland, Oregon, detuvieron a un joven que salía de un hospital, y en San Bernardino, California, una mujer tuvo que manejar ella misma al hospital para dar a luz luego que su marido fuera arrestado en una gasolinera.

Se estima que 11 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos sin papeles, y la mayor cantidad está en California, Texas, Florida, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey, según el Pew Research Center.

Es probable que la mitad de los inmigrantes indocumentados no tengan seguro médico, en comparación con menos de uno de cada 10 ciudadanos, según la Encuesta de Inmigrantes de KFF-Los Angeles Times de 2023, la encuesta no gubernamental más grande sobre inmigrantes realizada en Estados Unidos hasta la fecha.

Si bien algunos estados están enfatizando los gastos de atención médica en los que incurren los inmigrantes, un informe de KFF indicó que este grupo contribuye más al sistema, a través de las primas de sus planes médicos y de los impuestos, de lo que lo utilizan. Los inmigrantes también tienen costos de atención médica más bajos que los ciudadanos.

Algunos proveedores de atención médica temen que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interrumpan su trabajo en instalaciones de salud y causen que los pacientes, en particular los niños, se salteen la atención médica.

En el primer día de Trump, el presidente republicano emitió una orden ejecutiva destinada a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de un padre sin autorización legal o con visa, lo que podría dejarlos sin derecho a programas sociales y de salud federales.

La orden fue impugnada de inmediato por estados y por un grupo de derechos civiles.

“Está infundiendo miedo en personas que pueden postergar la atención, que decidan quedarse sin atención, cuyos hijos pueden no recibir las vacunas que necesitan, que pueden no poder recibir tratamiento para una infección de oído o una cirugía”, dijo Minal Giri, pediatra y presidenta de la Refugee/Immigrant Child Health Initiative del capítulo de Illinois de la Academia Americana de Pediatría.

Una encuesta reciente realizada por el Im/migrant Well-Being Research Center de la Universidad del Sur de Florida halló que el 66% de las personas que no son ciudadanas reportaron dudar más a la hora de buscar atención después que, en 2023, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara una ley que requiere que los hospitales que aceptan Medicaid pregunten sobre el estatus legal de un paciente. Eso se compara con solo el 27% de los ciudadanos.

“Realmente me alarmó ver cómo esta ley hizo que la gente dudara en ir al médico, incluso en caso de emergencia”, dijo Liz Ventura Molina, coautora de la encuesta y el informe.

Al firmar la ley, DeSantis la promocionó como la legislación “antiinmigración ilegal más ambiciosa” del país. Este mes, el gobernador republicano convocó a una sesión especial de la Legislatura estatal para ayudar a respaldar la agenda de inmigración de Trump.

Jackson Health System, un proveedor de red de seguridad pública en Miami, dijo en un comunicado que los informes trimestrales al estado no contienen información individual de los pacientes. “Nos adherimos a toda la cooperación requerida con las agencias policiales, incluido ICE, como parte de cualquier investigación criminal, entendiendo que las leyes de privacidad exigen que sólo divulguemos información privada de pacientes mediante una orden judicial”.

En agosto, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva similar a la ley de Florida para registrar los costos de atención médica incurridos por inmigrantes sin autorización legal. Se espera que todos los hospitales que reciben fondos de Medicaid o del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) comiencen a informar los datos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas en marzo.

Incluso las ciudades controladas por demócratas están transitando por una línea delgada. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se reunió en diciembre con Tom Homan, entrante “zar de la frontera” de Trump, y se comprometió a expulsar a los inmigrantes que hayan sido condenados por un delito grave y carezcan de estatus legal para permanecer en el país.

Al mismo tiempo, Adams propuso una campaña de concientización para que los inmigrantes y los solicitantes de asilo sepan que es seguro utilizar los sistemas hospitalarios de la ciudad.

Algunos estados van más allá y aconsejan a las instalaciones de salud que hagan todo lo posible para proteger a los pacientes inmigrantes.

En diciembre, el fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, publicó un documento de 42 páginas en el que recomendaba a los proveedores que evitaran incluir el estatus migratorio de los pacientes en las facturas y los registros médicos. La guía también enfatizaba que, si bien los proveedores no deberían obstruir físicamente a los agentes de inmigración, no tienen la obligación de ayudar con un arresto.

Según el documento, los centros de atención médica deberían publicar información sobre el derecho de los pacientes a permanecer en silencio y se les anima a proporcionar a los pacientes información de contacto de grupos de ayuda legal “en caso de que un padre sea detenido por inmigración”.

Agrega que, si es posible, el centro debería designar un enlace de asuntos de inmigración para ayudar a capacitar al personal y brindar asesoramiento no legal a las familias.

“No podemos permitir que la máquina de deportación de Trump cree una cultura de miedo y desconfianza que impida a los inmigrantes acceder a servicios públicos vitales”, dijo Bonta.

El martes 21 de enero, la administración Trump ordenó al Departamento de Justicia que investigara a los funcionarios estatales y locales que no cooperaran con la aplicación de la ley de inmigración.

Durante el primer mandato de Trump, California limitó la cooperación con las autoridades federales, citando preocupaciones de seguridad pública y confianza de la comunidad. El departamento, entonces bajo el mando de Jeff Sessions, presentó una demanda para bloquear la ley, pero el estado ganó en un tribunal federal, argumentando que los estados tienen la autoridad de decidir si se utilizan recursos locales para hacer cumplir la ley federal.

La administración Trump apeló, pero la Corte Suprema rechazó la petición.

Según la ley de California, las instalaciones de atención médica estatales deben adoptar políticas para limitar su participación en la aplicación de las leyes de inmigración, y se alienta a las entidades privadas a seguir protocolos similares.

David Simon, vocero de la California Hospital Association, que representa a más de 400 hospitales, dijo que sus miembros han incorporado estas normas, lo que garantiza la privacidad del paciente.

“Los hospitales no llaman al ICE por los pacientes”, agregó Simon.

California se está preparando para una nueva ronda de enfrentamientos con Trump. El gobernador Gavin Newsom y otros líderes estatales demócratas acordaron reservar $50 millones para litigios y subvenciones a grupos inmigrantes sin fines de lucro.

Legisladores de Nueva Jersey están considerando una legislación para limitar que los centros de salud pregunten sobre el estatus migratorio de un paciente. El proyecto de ley también exigiría al fiscal general del estado que establezca políticas para los hospitales y los centros de atención médica a fin de garantizar el acceso de los pacientes.

En la ciudad de Nueva York, administradores de hospitales están ordenando al personal que busque la orientación de un “enlace de inmigración” si se presentan autoridades de inmigración, y que tome fotografías y videos de cualquier acción si no pueden comunicarse con ellos primero. También están desalentando al personal de ayudar activamente a una persona a esconderse del ICE.

En Massachusetts, algunas clínicas y hospitales están capacitando al personal sobre cómo leer las órdenes judiciales del ICE, y planean exigir a los agentes que se identifiquen y presenten una orden judicial si quieren entrar a un área privada.

“No se puede actuar desesperados en el momento”, dijo Altaf Saadi, neuróloga que codirige una clínica para solicitantes de asilo en el Hospital General de Massachusetts. “Tenemos que prepararnos para los peores escenarios, y esperamos que no sucedan, pero debemos estar preparados”.